La Corte Suprema de EE. UU. permite a Trump verificar votantes con datos del Seguro Social
La propia Corte señala que el efecto de su decisión puede ser limitado: una ley federal prohíbe depurar sistemáticamente los padrones electorales en los 90 días previos a unas elecciones federales.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el 25 de septiembre que el Gobierno de Trump vuelva a usar la versión ampliada de SAVE, un sistema federal que cruza datos del Seguro Social para verificar la ciudadanía de los votantes.
La decisión suspende, mientras dure la apelación, la sentencia del 22 de junio con la que un juzgado federal de Washington D. C. había anulado esa versión.
Aquella sentencia, firmada por Sparkle L. Sooknanan, concluyó que las agencias federales “combinaron y reutilizaron de manera improvisada la información privada de millones de estadounidenses”, incluidos datos de ciudadanía que sabían poco fiables.
SAVE nació en 1986 para comprobar el estatus migratorio de extranjeros que piden ayudas públicas. En marzo de 2025, una orden ejecutiva del presidente Trump encargó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habilitar nuevos sistemas para verificar a los votantes.
La versión modificada, lanzada dos meses después, consulta además registros de la Administración del Seguro Social (SSA), incluidos los números de seguro social, y permite búsquedas masivas.
La agencia estatal o local sube nombre, fecha de nacimiento o número de seguro social. Si el sistema no confirma que alguien es ciudadano, la agencia debe pedirle una prueba de ciudadanía para inscribirse o seguir inscrito.
En su solicitud a la Corte, el Departamento de Justicia indicó que 27 estados aceptaron usar el sistema modificado. Desde enero de 2025 hasta el 1 de abril de 2026 hubo 59,7 millones de consultas para verificar votantes.
Por qué ganó el Gobierno
Para la mayoría, la sentencia de junio impedía al Gobierno federal usar el programa que considera más adecuado, y las demandas de la Liga de Mujeres Votantes y otras organizaciones probablemente no prosperarán.
Una ley migratoria de 1996 autorizó al DHS a obtener de otras agencias, incluida la SSA, información sobre ciudadanía, y esa norma probablemente prevalece sobre las restricciones de otras leyes a la divulgación de datos.
El fallo sí da por probado que los registros de la SSA no reflejan que una afiliada inscrita para votar en Luisiana ya es ciudadana naturalizada.
Tres votos en contra
Ketanji Brown Jackson firmó el voto disidente, al que se sumaron Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Según Jackson, la mayoría ignoró los daños que el sistema “ha causado, y probablemente seguirá causando, a votantes legales”.
Aquel juzgado había constatado esos daños en Texas: una afiliada perdió su inscripción electoral sin saberlo y otras dos personas tuvieron que acreditar su ciudadanía para seguir inscritas.
“El daño de imponer cargas o quitar el voto aunque sea a unos pocos votantes legales pesa más que el daño inexistente que sufre el Gobierno cuando se le impide hacer algo para lo que probablemente no tiene autoridad”, concluyó.