El fiscal general de Bolivia enfrenta audiencia de libertad mientras el Parlamento examina su caso
El Departamento de Estado de Estados Unidos había acusado a Róger Mariaca de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico antes de revocarle la visa el 28 de septiembre.
El fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, enfrenta este 2 de octubre una audiencia de acción de libertad en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el mismo día en que el Parlamento boliviano, la Asamblea Legislativa Plurinacional, examina los informes oficiales sobre su detención.
La audiencia, convocada ante la Sala Constitucional Tercera del tribunal, corresponde también a los fiscales Alberto Zeballos y Martín Daniel Irusta, detenidos junto con Mariaca.
Mariaca fue detenido el 30 de septiembre, dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Ministerio Público atribuyó a los tres procesados los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico, los mismos que motivaron la detención del 30 de septiembre.
El abogado Jerjes Justiniano, parte de la defensa, sostuvo que las detenciones fueron ilegales porque, dijo, no se estableció la figura de la flagrancia.
Otro de los defensores, Romel Ipamo, pidió garantías procesales: “Lo único que se pide es que se resguarde el debido proceso”.
El comandante policial Adrián Javier Álvarez explicó que el traslado de los detenidos se hizo por vía aérea “por razones de seguridad”, después de recibir reportes de inteligencia sobre presuntos grupos criminales que, según dijo, pretendían interferir en la operación.
En el Parlamento, el diputado de Unidad Álvaro Cazasola pidió que “a los imputados debe garantizárseles un debido proceso”, mientras la Asamblea se disponía a definir medidas de fiscalización sobre el Ministerio Público.
Antecedentes
El 28 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos había revocado la visa de Mariaca dentro de una lista de 27 personas —funcionarios, exfuncionarios latinoamericanos y sus familiares— de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El Departamento de Estado explicó, en inglés, que la medida buscaba “cumplir los compromisos de defender la gobernanza democrática en nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico”.
A Mariaca lo acusó de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y de ayudar a evadir la justicia a personas vinculadas con hechos violentos.
Dos días después, el 30 de septiembre, Mariaca fue detenido en Santa Cruz junto con otras 13 personas, entre ellas Zeballos y un mayor de la Policía, según informó entonces el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Oviedo dijo que las autoridades habían desmontado “una organización criminal enquistada en la justicia” y afirmó que la Fiscalía General, encabezada por Mariaca, “se volvió la organización criminal destinada a proteger incentivar y proteger el narcoterrorismo”.
Al cierre de esta nota no se había dado a conocer una decisión sobre la libertad de Mariaca, Zeballos e Irusta.