Amnistía: el Código Penal de Cuba prevé hasta diez años de cárcel por poner en peligro el orden constitucional

El Código Penal de Cuba prevé de cuatro a diez años de prisión para quien ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado, según Amnistía Internacional.

Es el artículo 120.1 del código, que Amnistía describió el 2 de diciembre de 2022 en un comunicado de su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas. La organización añadió que, por primera vez, la norma permite expresamente a las autoridades “limitar severamente la libertad de expresión en las redes sociales”.

Otros artículos que Amnistía cita

El artículo 143 fija la misma horquilla de cuatro a diez años para quien reciba o use fondos destinados a “sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional”. Amnistía sostiene que el derecho internacional prohíbe criminalizar a defensores de derechos humanos por recibir financiación extranjera.

El 391.1 castiga con entre seis meses y dos años de prisión, con multa o con ambas cosas a quien difunda “hechos falsos” a sabiendas. Según Amnistía, el delito se considera agravado si la información se divulga en redes sociales.

Los casos que documenta Human Rights Watch

En su informe mundial sobre los hechos de 2024, Human Rights Watch recogió que un tribunal de Camagüey condenó a Mayelín Rodríguez Prado a 15 años de cárcel por transmitir por Facebook imágenes de protestas en Nuevitas. El tribunal consideró esa transmisión “propaganda enemiga”.

Human Rights Watch advirtió en el capítulo sobre 2025 de que quienes critican al Gobierno cubano se exponen a un proceso penal sin garantía de debido proceso, y de que los tribunales siguen subordinados al poder ejecutivo.

El 2 de octubre, un tribunal municipal de La Habana del Este condenó a dos años de “limitación de libertad” a Anna Sofía Benítez Silvente, de 21 años, creadora de contenido y activista bautista crítica del Gobierno, y a su madre, por “actos contra la intimidad personal y familiar” tras difundir un video de un agente, informó la agencia AFP. El despacho no precisa en qué artículo del Código Penal se basó la condena.

La pena no supone encarcelamiento, pero conlleva restricciones como la prohibición de salir del país. A la salida del tribunal, Benítez calificó el caso de injusticia.