La Corte Suprema de Argentina revoca el freno judicial a la venta de tierras a extranjeros
La superficie rural argentina en manos de propietarios extranjeros ya supera los 13,3 millones de hectáreas, una extensión similar a la de Grecia, según datos del Observatorio de Tierras.
La Corte Suprema de Argentina despejó este 30 de septiembre el camino para que particulares y empresas extranjeras puedan comprar todas las tierras rurales que quieran en el país, según informó El País.
El máximo tribunal revocó el fallo de una instancia inferior que había frenado el artículo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el Gobierno de Javier Milei derogó en 2023 la Ley de Tierras Rurales, la norma que impone límites a la venta de tierras a compradores extranjeros. La decisión reactiva ese artículo y, en la práctica, elimina las restricciones menos de dos meses después de que el Congreso obligara al Gobierno a dar marcha atrás en un segundo intento de suprimirlas por la vía legislativa, en medio de grandes movilizaciones en las calles.
La resolución está firmada por los tres jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El fallo no se pronuncia sobre si el artículo 154 del decreto es constitucional: se limita a señalar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había presentado la demanda original, carecía de legitimación para plantear el caso, y que no existía una controversia judicial que habilitara la intervención del tribunal.
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, fijaba un máximo del 15% de la superficie rural del país que podía estar en manos de propietarios extranjeros, además de límites por nacionalidad y por titular. El mega decreto 70/2023, dictado por Milei apenas diez días después de asumir la Presidencia, derogó esa ley a través de su artículo 154, pero el artículo estuvo paralizado en los tribunales durante dos años, hasta el fallo de este 30 de septiembre.
El Gobierno había intentado eliminar esas restricciones también a través del Congreso, dentro de un proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Planteó primero suprimir cualquier límite y, ante la resistencia política y social, propuso elevar el tope del 15% al 25%; al no conseguir apoyos en el Congreso, retiró ese capítulo para salvar el resto de la iniciativa. El fallo de la Corte Suprema reabre ahora, por la vía judicial, la puerta que se había cerrado en el Congreso.
La oposición ya rechazó la decisión. El diputado socialista Esteban Paulón advirtió: “Argentina no se remata”. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez acusó a la Corte Suprema de legislar “de espaldas al pueblo argentino y a los héroes de Malvinas”.
El Ministerio de Justicia informó, durante la presidencia de Milei, que se autorizaron 111 operaciones de compra de tierras por parte de extranjeros.
El Gobierno defiende la derogación de la ley como una forma de atraer inversiones y facilitar la llegada de capital extranjero al país. Sus críticos sostienen, en cambio, que la eliminación de los límites afecta una herramienta pensada para preservar el control nacional sobre un recurso estratégico, especialmente en zonas con reservas de agua, bosques, minerales o áreas de frontera.