Presidenta de la Corte Suprema de Chile: el ministro de Justicia dictó los decretos de rebaja de condenas

La presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich, afirmó el 22 de octubre que fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos que rebajaron las condenas de 56 personas por delitos sexuales contra menores.

El ministro Fernando Rabat dictó esos decretos “conforme a las facultades legales que tiene”, dijo Chevesich. Según explicó, las rebajas las resuelve una comisión de reducción de condenas, y si los afectados no presentan recursos de amparo, ni las cortes de apelaciones ni la Corte Suprema pueden pronunciarse, porque los casos no han llegado a los tribunales.

Chevesich no se pronunció sobre la interpretación que hace el ministro de los fallos del tribunal. Dijo que habría que analizar cada una de las sentencias a las que se refiere Rabat.

El medio Interferencia reveló el 21 de octubre que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó 56 decretos exentos de rebaja de condena entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, ya bajo el Gobierno de José Antonio Kast. Veintisiete corresponden a condenados por abuso sexual y 29 a condenados por violación de menores. Solo una solicitud fue rechazada.

Los decretos se dictan por orden del presidente, después de que la comisión evalúa la conducta de cada condenado, la secretaría regional ministerial comprueba los requisitos y la División de Reinserción Social revisa los antecedentes.

Lo que dijo el Gobierno

Rabat sostiene que su ministerio aplicó la doctrina que fijó la Corte Suprema al acoger recursos de amparo de condenados por hechos anteriores a 2022, año en que una reforma legal excluyó de este beneficio a quienes cometen delitos sexuales contra menores. Según el ministro, esa prohibición no puede aplicarse a quienes fueron condenados por hechos previos.

Rabat dijo además que los 56 beneficiados no recurrieron a los tribunales para obtener las rebajas, que se concedieron por la vía administrativa.

Reacciones

La bancada PPD-Independientes pidió al ministro y al subsecretario de Justicia, Luis Silva, que expliquen el fundamento jurídico de las rebajas. Planteó que existe una discusión judicial sobre si la exclusión de 2022 se aplica a hechos anteriores a su entrada en vigencia.

La UDI, partido de la coalición de Gobierno, pidió revertir los beneficios, y Renovación Nacional presentó una reforma constitucional para impedir que condenados por delitos sexuales obtengan rebajas con base en leyes anteriores.

Legisladores de la oposición estudian una acusación constitucional contra Rabat. Diputados comunistas e independientes buscan además una sesión especial de la Cámara sobre la responsabilidad del Gobierno, paso que podría derivar en la interpelación del ministro.