EE. UU. sanciona a la Corte Penal Internacional como institución, no solo a sus jueces y fiscales

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el 9 de octubre a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución en su lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas.

El aviso la registra con domicilio en La Haya y con el código ICC-EO14203. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la medida ese mismo día y dijo que Estados Unidos prohibirá las transacciones con la corte para cortar sus recursos y mermar gravemente su capacidad de funcionar, informó Noticias ONU.

“O la CPI pone fin a sus amenazas o nosotros pondremos fin a la CPI”, afirmó Rubio, que añadió que la puerta de la diplomacia sigue abierta y que Washington espera que los aliados frenen a la corte.

Lo que sigue permitido

Junto con la inclusión, la OFAC publicó cuatro licencias generales, numeradas del 13 al 16. La primera autoriza hasta el comienzo del 7 de abril de 2027 (hora del este) las operaciones necesarias para mantener o liquidar la actividad de la corte, entre ellas los pagos de los Estados parte, los sueldos y el seguro médico de su personal, el alquiler, los suministros y los impuestos.

La segunda cubre las telecomunicaciones y el software empresarial. La tercera ampara los pagos de pensiones, siempre que lo destinado a una persona bloqueada se ingrese en una cuenta bloqueada con intereses en Estados Unidos. La cuarta autoriza lo necesario para la detención continuada de nueve personas enumeradas en un anexo, entre ellas Rodrigo Roa Duterte y Bosco Ntaganda. Ninguna autoriza otras operaciones prohibidas, salvo autorización aparte.

Reacciones

La CPI rechazó la medida en un comunicado. La calificó de “sin precedentes” y recordó que llega después de las designaciones de trece jueces y fiscales. Según el texto, es “un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos mismos del orden jurídico internacional” y busca interrumpir las operaciones de la corte. Tomoko Akane, que preside la CPI, dijo que el tribunal seguirá cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la sanción, según su portavoz, Stéphane Dujarric. Dijo estar “profundamente alarmado” por el efecto previsto en la capacidad de la corte y la calificó de “un golpe grave” a la búsqueda colectiva de justicia penal internacional. Expertos independientes en derechos humanos, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmaron por separado que la medida busca desmantelar el sistema internacional para juzgar los crímenes más graves.

La sanción se anunció el mismo día en que el Comité Noruego del Nobel concedió el Nobel de la Paz a Navi Pillay, que fue jueza de la CPI.